Organizaciones sociales se movilizaron el pasado 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, para denunciar el autoritarismo y la persecución sistemática del gobierno de Santiago Peña.

El corresponsal de teleSUR, Osvaldo Zayas, entrevistó a varios líderes nacionales a propósito de los retrocesos en términos de derechos y democracia por la incidencia del crimen organizado en la política, la persecución a opositores y organizaciones sociales que lleva a cabo el actual Ejecutivo, así como acerca de las carencias sociales. Estos retrocesos fueron develados recientemente en un informe académico anual de la Coordinadora de DD.HH. del Paraguay.

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El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de DD.HH. del Paraguay, Dante Leguizamón, opina que en este periodo se han dado muestras contundentes de vínculos y participación directa del crimen organizado en las instituciones del Estado.

El joven recordó el caso de Eulalio «Lalo» Gomes Batistas, diputado por Amambay que murió abatido en un allanamiento policial y judicial en su domicilio y tenía una larga lista de denuncias por vínculos con el crimen organizado.

Organizaciones indígenas y campesinas marcharon por las calles de Asunción para denunciar la exclusión que viven, así como la falta de políticas públicas para garantizar sus derechos sociales. De acuerdo con sus exigencias, Paraguay padece vive en un sistema antidemocrático que beneficia a una minoría de poderosos.

Mario Rivarola, de la Articulación Nacional Indígena, asevera que el país no es una democracia para el pueblo, sino una democracia burguesa para los bandidos, corruptos y para el crimen organizado. Agregó que el pueblo paraguayo no tiene la mínima garantía de cumplimiento de sus DD.HH. pues no son priorizados por el gobierno actual.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Paraguay es el país de la región con menor inversión social, y la baja calidad de la educación pública, así como la falta de infraestructura son una constante, denuncian las organizaciones sociales.

En ese sentido, Gabriel Espínola, Secretario General de la Organización de Trabajadores de la Educación, indica que en términos de inversión el país está en una situación absolutamente precaria y no han superado el 4 por ciento del PIB para la educación pública, franja porcentual que se ha mantenido invariable durante 20 años.

Mientras que Esperanza Martínez, Senadora del Partido Participación Ciudadana, denuncia que «hay una práctica autoritaria constante» en la agenda legislativa, donde se quieren colocar temas importantes y no se pueden debatir con la ciudadanía ni los actores involucrados, ni se se permiten audiencias públicas. La senadora destaca que es una situación que nunca había visto en el poder legislativo.

La oposición al conservador Partido Colorado en poder, al igual que indica el informe de la Coordinadora de DD.HH., ha denunciado la persecución y el cierre a todo espacio de participación política en instituciones del Estado.

Como ya han venido alertando, las organizaciones sociales señalan que el de Santiago Peña es un gobierno al servicio de un grupo empresarial, encabezado por el expresidente y empresario tabacalero Horacio Cartes, quien —aseguran— lleva las riendas del poder político y controla las instituciones para su beneficio y el de su entorno.

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